La Reconversión del Estado Salvadoreño: un proyecto de nación propio

 

El concepto

Reconvertir el Estado Nacional implica en primer término, reconocer las capacidades, habilidades, talentos, destrezas,  intelectualidades  y saberes que la población ha acumulado durante su formación histórica como grupo social, étnico, familiar e individual. Reconvertir el Estado significa dignificar el Estado, hacerlo funcional,  dinámico, cambiante, transformador y productivo de bienes materiales, intelectuales y naturales, significa en síntesis, humanizar la sociedad. En torno a estas premisas conceptuales, expondremos de manera sucinta cuatro aspectos del estado nacional que parecen imprescindibles:

1.     Reconversión de los partidos políticos

Iniciemos por definir ¿qué es cultura política?. Al respecto, las Ciencias Políticas,  Antropología y  Sociología, aportan definiciones de orden teórico-científico que pueden ayudarnos a comprender las dinámicas propias del activismo político y su diferencia con el significado de  Pensar la Política en virtud de la organización política-partidaria.  En Latinoamérica, el empirismo (que comúnmente se confunde con pragmatismo y práctica)  ha sido el ejercicio cotidiano del activismo  político confundiendo la actividad con el pensamiento. El pragmatismo es un Método Filosófico que se plantea la validez de la verdad de otra doctrina a partir de sus efectos prácticos, naturalmente se refiere a postulaciones filosóficas no a los hechos como cosas; más bien, de estos hechos se encarga el empirismo dividido en tres formas:  el empirismo positivista que consiste en  materializar sistemas teóricos generales de tipo lógico propios de la mecánica clásica, es decir, considerar que los fenómenos concretos a los que la teoría es aplicable son exclusivamente comprensibles en términos de las categorías del sistema. A ello debemos agregar una especie de empirismo particularista que supone que el único saber objetivo es el de las cosas y de los sucesos concretos y finalmente, el empirismo intuicionista que sólo permite un elemento conceptual en la ciencia social y éste sólo puede ser de carácter individualizador[1]; dicho de otra manera, frente a esta deformación del arte de hacer política, ¿qué es cultura política? El concepto aparece en 1963 con el estudio de Almond y Verba The Civic Culture. En opinión de los autores, la cultura política es el conjunto de actitudes, creencias y sentimientos que dan orden y significado a un proceso político y que proporciona los supuestos y normas que gobiernan la conducta en un sistema político, es decir, la cultura política remite a la forma en que el sistema político ha sido internalizado por los individuos y supone la existencia de un sistema simbólico que es compartido en general...[2]. Como he señalado en otras ocasiones, la cultura política adoptada por el pueblo constituye una reproducción de la cultura de los grupos de poder,  es decir, lenguaje, conductas, organización y otras tantas que se gestan en los grupos populares, constituyen las representaciones simbólicas  (en algunos casos contrapuestas) de los mismos grupos de poder nacional. Los mismos temores de buena parte de los grupos de poder nacional frente a la competencia internacional se reflejan en los sectores populares en el plano de lo local, es decir, la asimilación de una cultura del miedo reproducida  en muchos de los que conducen los Partidos y por supuesto, su respectiva herencia a sus bases partidarias.   

Sin duda que reconvertir los partidos políticos implica reconvertir la historia política de este país, sobre todo porque éstos han sido el instrumento fundamental desde los cuales se ha organizado el estado nacional. Esto supone el predominio de la sociedad política sobre los intereses de la sociedad civil, es decir, la supeditación de las funciones y competencias de todos los servicios del estado en función de las disposiciones políticas que los partidos han diseñado durante más de 100 años, lo cual ha derivado en la predominancia de un estado político sobre un estado administrativo. Al respecto conviene asimilar que en el siglo XXI, el concepto de partido político debe rebasar las formas de organización y funcionamiento heredados de la Colonia y convertirse en OBJETO (instrumentos) de cambio, transformación y representación de los verdaderos SUJETOS políticos e históricos, es decir, los mismos ciudadanos. Aunque ciertamente los partidos políticos (dependiendo de la conformación histórica, cultura, proyecto de vida de quienes los conforman) pueden convertirse en INSTITUTOS POLITICOS, no debe confundirse el concepto de INSTITUTO con su  INSTITUCIONALIDAD. En definitiva, Reconvertir los Partidos debe comprenderse como la modernización de sus funciones en el estado, pluralidad en su pensamiento, generación de un discurso multicausal y representativo de los símbolos de las pluri-identidades que conforman a los nuevos individuos de este siglo, superación de sus tradicionales plataformas políticas para convertirse en proyectos políticos propios que surgen a partir de las transformaciones constantes de las sociedades actuales que demandan nuevas formas de organización local y nacional.

Al respecto de la INSTITUCIONALIDAD, esta  implica su observancia desde múltiples definiciones y dimensiones.  En lo teórico,  la institucionalidad se define por su sentido, legitimidad y función. La Institución como forma, constituye un símbolo, imagen; como contenido, debe ser resultado de los intereses individuales manifiestos en el  todo social. Precisamente solo una vez cumplida su función representativa de los intereses individuales alcanza el reto institucional que consiste en colectivizarlos, en consecuencia, la institucionalidad aparece cuando los individuos alcanzan su identificación con la institución,  es decir, cuando se cumplen su forma, contenido, sistema de normas y procedimientos que articulan sus propios intereses individuales con los intereses comunes. Sin duda que deslindar la actividad política de la actividad institucional resulta difícil en sociedades con regímenes histórico-culturales propios del período feudal.  Cuando un partido político gobierna en algún tipo de institución, los individuos confunden las relaciones internas partidarias con las institucionales, de hecho,  utilizan dicho recurso como instrumento político transfiriendo con ello los conflictos de prestigio y poder individuales de sus propios partidos, entorpeciendo el alcance de la identidad de sus trabajadores y del público con el simbolismo institucional que provoca que la gobernabilidad se fracture por la improvisación.  Por su parte, la gobernabilidad se resuelve mediante la relación entre necesidad y libertad, entre ambas media la administración, misma que sólo surge efecto mientras los individuos alcancen su vínculo con la institución (principio de libertad), caso contrario, la  gobernabilidad solo aparece como expresión del imaginario (principio de la necesidad) y los individuos sólo buscan la satisfacción de sus necesidades de manera  espontánea, inmediata, coyuntural o empírica. Así sucede en sociedades con instituciones que emergen o figuran con sentido paternalista, protector o excesivamente ideológico. Normalmente, cuando los factores ideológicos se trastocan con políticas paternalistas, los resultados se traducen en desprestigio, falta de liderazgo, poca credibilidad y mayor confrontación  entre los individuos o  hacia quienes ostentan el poder. Al respecto no cabe duda  que dicho comportamiento no es más que la reproducción de sistemas feudales anacrónicos heredados desde la Colonia. Precisamente han sido los mismos países industrializados quienes sosteniendo y apoyando dichas  conductas  al amparo de doctrinas colonialistas del desarrollo unilineal de las sociedades, ahora califican a Latinoamérica como sociedades inmaduras e inexpertas a quienes debe guiarse de la mano (como niños) para mostrarles el camino económico, político, cultural y social que deben seguir desde el modelo occidental, dicho de otra manera, el discurso de los países industrializados sobre la “inmadurez institucional” de los países dependientes no es más que la mejor excusa de su responsabilidad histórica de haberlos convertido en simples administradores de pequeños feudos con visión cortoplacista sin identidad y devenir[3].  El  elemento substancial de la institucionalidad aparece a través del estado de conciencia, en este caso, la conciencia no es más que un determinio de la acción, es decir, un proceso traslucido que se forma en la relación entre los individuos y cuya tolerancia de sus disimiles particularidades se unifican  por medio de la institucionalidad[4], llegado este momento, el individuo representa la colectividad y los valores colectivos trascienden sobre los propios, ese es el momento cumbre que toda institución pretende alcanzar para dejar de ser una sociedad a secas y convertirse en una sociedad de la totalidad, por ello, si el estado “moderno quisiera terminar con la impotencia de su administración se vería obligado a destruir las condiciones presentes de la vida privada. Y si el estado deseara terminar con esas condiciones de la vida privada, tendría que poner fin a su propia existencia, puesto que la razón de su ser está en relación a los intereses privados”[5]. Siendo el estado en sí mismo una forma de institucionalidad de aparente organización de una sociedad civil libre de su actividad política (ideología, producción, valores, etc.) implica que también el individuo constituye en sí mismo una forma de institucionalidad realizada a través de formas, funciones, valores y normas que el individuo ocupa en la entidad en la que se desplaza. Si el estado se crea para la realización de lo privado, entonces la necesidad de lo colectivo se fundamenta en lo particular y por tanto, como hemos dicho, su institucionalidad se expresa en la conciencia individual, en esta lógica, “la esencia del estado moderno es que lo universal esté ligado a la plena libertad de sus miembros y a su bienestar privado”[6] de manera que en el mejor sentido critico de la razón, el estado “no es una institución utilitaria dedicada a la tarea ordinaria de suministrar los servicios públicos, administrar justicia, realizar deberes de policía y ajustar los intereses industriales y económicos. Todas estas funciones pertenecen a la sociedad civil. El estado puede sin duda dirigirlas y regularlas de acuerdo con las necesidades, pero él mismo, no las realiza”[7]. En este marco, entre las limitaciones y equivocaciones más importantes en la historia de las instituciones latinoamericanas figura convertir a los sujetos que diseñan las políticas institucionales en ejecutores de las mismas, quienes amparados en doctrinas paternalistas, asistencialistas y/o populistas,  se involucran en la actividad cotidiana del ejercicio civil generando ruptura de las interrelaciones institucionales  y provocando la anarquía organizativa de las voluntades individuales. En definitiva, la confusión de los cometidos institucionales producen reducidos ejercicios partidistas determinados por un proceso empírico reduccionista, activista, especulativo y espontáneo de la historia[8]

 

2.     Reconvertir la Organización Sindical y  Gremial hacia los intereses nacionales

Hace algún tiempo señalé que las formas de reorganización económica capitalista actual imponen nuevas relaciones entre quienes constituyen su principal estructura: Empleador-Trabajador. Esto supone una nueva conformación jurídico-económica entre las partes y en consecuencia una nueva determinación categorial, es decir, la modificación nominal del llamado “sindicalismo” que significa modernizar sus razones políticas, económicas y jurídicas dirigiéndolas fundamentalmente a una relación más compleja que desde luego incluya las relaciones sociales de trabajo y producción, pero que también predetermine las relaciones necesarias que los individuos establecen con todas y cada una de las condiciones que generan el sistema capitalista tanto en lo local, nacional, regional y mundial. Sin duda que el entrono y las condiciones que crean la base material de la existencia humana se complejizan con celeridad, de hecho, todo indica que son dichas condiciones las que predominan sobre las relaciones de trabajo, la cual en su sentido mas estricto, han pasado a ocupar importancia secundaria frente a las normas y leyes internacionales que presuponen su dominio y control sobre el ordenamiento político, jurídico, cultural y económico del trabajo. Ciertamente, aunque este tipo de relación pudiese parecer abstracta debido al vínculo real entre trabajador-empleador, debemos interponer que los estados actuales toman mayor protagonismo en el orden jurídico a tal punto que las Constituciones Nacionales se han globalizado y las disposiciones internacionales pesan más que las propias. En tal sentido, debido a las reglas impuestas por los países industrializados, los estados intervendrán con  predominancia con el objetivo de desarrollar mayor control social sobre los individuos, en tal sentido, las distintas formas de asociación civil o política tendrán que modificar sus objetivos, métodos, organización y formas de expresión.

 

3.     Reconversión del Estado Político en Estado Administrativo

Desde el análisis de la teoría política, el estado y la estructura de la sociedad no son dos cosas distintas. El estado es la estructura de la sociedad. El estado se funda sobre la contradicción entre la vida pública y la privada, entre el interés general y el interés particular, por lo tanto, la administración debe limitarse a si misma a una esfera de la actividad formal porque su poder se acaba allí donde comienza la vida civil. La oposición entre el estado democrático y representativo y la sociedad civil es la perfección de la oposición clásica entre la vida social pública y la esclavitud. La base del estado moderno es la sociedad civil y sus individuos, es decir,  la independencia de este mismo individuo que se liga con otro únicamente por intermedio del interés privado y la necesidad inconsciente, esto es,  la esclavitud del trabajo asalariado, sus propias necesidades y las de otros en la cual su vida material (que por cierto no depende únicamente de su “voluntad”, su modo de producción y las formas de su intercambio, mutuamente reciprocas, componen la base real del estado.

Históricamente, el estado nacional ha sido político, no administrativo. La asimilación y continuidad del modelo feudal impuesto por el período Colonial ha provocado que el partidismo político determine e imponga sus propias limitaciones sobre toda la estructura del estado. Sin duda que en este país, la estructura política estatal es más grande que la misma estructura de la sociedad. Si bien es cierto que hasta hace apenas 20 años la Organización del Estado Nacional apenas cubría las necesidades de la población, especialmente de los sectores marginados; actualmente, el mismo proceso de globalización y la disposición del capital transnacional, han transformado el estado en una venta masiva de servicios que supera las posibilidades de compra de la sociedad, lo que implica limitaciones para su asimilación, utilización y sobre todo, su control en función de su desarrollo y progreso. Dicho volumen o masividad de servicios, deja como resultado la explicites de la inmadurez institucional en muchas de las áreas del aparato estatal y en consecuencia, la plena burocratización del estado, la instalación de servicios inapropiados, el gasto gubernamental sobregirado, la ineficiencia de las instancias o instituciones que representan el estado y con toda seguridad, la facilidad para el surgimiento de la corrupción y el estancamiento social.

Precisamente por lo que señalamos anteriormente sobre el “nuevo rol” de los estados, su reconversión implica el reordenamiento territorial político-administrativo, la debida explotación y recuperación  de los recursos naturales y transformados, la reorganización de las atribuciones políticas de los partidos, capitalización de los recursos humanos, la pertinente y apropiada función, servicios y competencias de las instituciones de gobierno en definida articulación con la organización social. En el mismo sentido regular y reglamentar para el todo social con sus respectivas normativas particulares en el plano civil, político, económico, cultural y social. Finalmente, es importante destacar que para el logro de la debida funcionabildiad del gobierno central se requiere imperativamente el diseño, organización y ejecución del Programa permanente sobre el cual se sostendrá políticamente las políticas publicas impulsada por el ejecutivo. Para el caso,  suelen diseñarse programas de atención, apoyo o fortalecimiento de sectores de la sociedad civil en el plano político o la ejecución de programas de asistencia ciudadana orientados a la educación, salud, vivienda o cualquier otra área de necesidad social.

 

4.     Modelo económico micro/local hacia lo nacional (capitalización del municipio)

En principio de cuentas se trata de diseñar formas para que el PIB generado en cada municipalidad pueda servir para el desarrollo del mismo municipio tomando como instrumentos la reorganización de la economía mundial, las identidades emergentes y la lucha por territorios, las micro o macrosociedades habrán de generar expulsiones y movimientos migratorios que conlleven a nuevas conformaciones humanas, incluso, los estados nacionales con economías dependientes pasarán a convertirse en estados nacionales de todos; es decir, el surgimiento de Estados sin fronteras  jurídicas, políticas, económicas divididos por simbologías territoriales en los cuales solo la cultura hará la diferencia. Naturalmente, los estados industrializados lucharán por el predominio de su particularidad política, económica y étnico-cultural; en tal contexto, las discusiones geopolíticas sobre la función, posición y condición de los países dependientes adquieren mayor importancia debido a las particularidades de las pequeñas localidades que les conforman, es decir, a las riquezas humanas y materiales que dichas localidades deban aportar a la globalización a partir de dos componentes fundamentales: 1º) la reorganización político-administrativa  (gobernabilidad local y participación ciudadana)  y  2º) su valor económico mediante el surgimiento de unidades comerciales de rápida circulación de mercancías que aseguren la rápida circulación del dinero de los grandes capitales y su respectiva transfiguración en diversas formas técnicas, tecnológicas y monetarias jurídicamente “legales”. En este sentido la pequeña localidad deja su condición histórica de invisibilidad y pasa a ocupar un nuevo rol en la reorganización política-económica del estado en el cual, el fenómeno migratorio globalizado y su peso monetario,  étnico y cultural  han hecho emerger los antiguos territorios diminutos  que hoy representan y constituyen las principales fuentes de captación y circulación de dinero tanto en lo local, nacional y regional[9].

En primer término conviene señalar la desafortunada confusión en cuatro ámbitos del ejercicio político municipal, los cuales, si bien son coadyuvantes, también se diferencian por su teoría y su aplicación, esto es,  Ser Gobierno, Gobernabilidad, Políticas Públicas y Administración Pública. Normalmente se hace una mezcla de dichos cometidos que si bien se articulan, cada uno comprende sus particularidades filosóficas, políticas y prácticas. Casi siempre, los gobiernos populistas confunden con más frecuencia la interacción de dichas particularidades. Entienden que Ser Gobierno implica el cumplimiento de conceder al pueblo la plena actividad institucional de las alcaldías, en este caso, nada puede ser, quizás, más erróneo que eso. El pueblo no puede administrar el uso de las propias necesidades de la institución, de ser así, el poder político-jurídico conferido al gobierno desaparece y surge la anarquía. No se puede ser pueblo y gobierno a la vez, dicho precepto quizás corresponda únicamente a sociedades en las que el estado desaparece, utopía que desde luego no corresponde al proceso evolutivo histórico de las sociedades que hoy tenemos.  Ser Gobierno confiere la responsabilidad de garantizar la coexistencia, equilibrio, distribución y reproducción de las condiciones y productos materiales y humanos que se generan en el municipio (como micro territorio)  y con ello fortalecer la totalidad social de la nación que se expresa en múltiples partes, es decir, alcanzar la institucionalidad.    En este marco, la Gobernabilidad comprende la asimilación de la conciencia ciudadana cuando  reconoce que el gobierno representa sus intereses y por tanto se identifica con las estructuras políticas, económicas, culturales y sociales del estado. En este marco, la reorganización de la economía mundial, las identidades emergentes y la lucha por territorios, así como las micro o macrosociedades habrán de generar expulsiones y movimientos migratorios que conlleven a nuevas conformaciones humanas en las cuales los estados nacionales con economías dependientes pasarán a convertirse en estados nacionales de todos. Partiendo de esta premisa, la Reconversión del Estado infiere la reconversión del pensamiento, la administración, el poder político, poder económico, pero fundamentalmente, la construcción de un verdadero proyecto de nación multiétnico, pluricultural, multieconómico articulado con el proceso de globalización regulado a partir del respeto a las singularidades y particularidades histórico-culturales de esta sociedad, dicho de otra manera, la construcción y fortalecimiento de la identidad nacional.

 

---