Como señalé en la primera parte de este trabajo, en el caso salvadoreño, todo indica que todavía algunos servidores del Estado confunden la Administración Pública con las Políticas Públicas. Ciertamente la Administración se comprende en las Políticas Públicas, de hecho, la Administración responde a diseños, modelos, filosofía y procesos técnicos que emanan de la Política Pública que ha sido predefinida en cada institución. Definir una política pública significa ser GOBIERNO, de hecho, no debe confundirse ser GOBIERNO y ser PUEBLO, no pueden cumplirse ambos roles a la vez, para ello, las Políticas Públicas se valen de la Administración para proporcionar el mejor servicio y calidad en la atención a la ciudadanía.

 

Desafortunadamente, en el caso Latinoamericano y particularmente en aquellos países con menor desarrollo, la Administración Pública en Municipalidades y Ejecutivos Nacionales adquieren matices y comportamientos propios del siglo XVII. Las formas de gobierno se tornan más administradoras a la usanza de la gran hacienda que de las exigencias del siglo XXI. Se discute más sobre la cotidianidad y la solución de pequeñas solicitudes o demandas domésticas que sobre las grandes decisiones políticas que deben tomarse, quizás por ello, el círculo histórico de no avanzar en la solución de los problemas se convierte en patrón cultural en el que tanto gobernantes como gobernados gustan experimentar.

 

 

En términos generales la Administración Pública se refiere a una forma de organización que integra un grupo de profesionales a quienes se les confiere recursos materiales y económicos públicos con la finalidad de poner en práctica las políticas públicas definidas. En su sentido funcional, la Administración se convierte en el vínculo entre el ciudadano y el gobierno.

Hasta el momento, dos parecen ser los modelos que más han sido abordados en materia de elaboración de las políticas. Primero, el llamado modelo racional (Simon, H. 1947;60;83) y segundo, el modelo incremental. En el primer caso, comprende tres momentos diferenciados: 1) indagarse o recopilar toda la información posible para identificar con claridad los problemas existentes, 2) planteamiento de todas las alternativas posibles para la solución del problema y 3) análisis total de todas las posibles soluciones de todos los problemas. Pese a que el modelo muestra sencillez en su lógica operativa, ciertamente adolece en su principio básico de pensar que la política publica parte de cero, mas bien, por el contrario, las políticas se anteceden en las realizadas por las autoridades anteriores, de tal suerte, que el capital político acumulado se convierte en un instrumento viable para su análisis y corrección.

 

Por su parte, el modelo incremental (Lindblom1959;68;79), trata de resolver el problema de los mecanismos, procedimientos o métodos utilizados para la previsión de problemas y una evaluación institucional que permita la satisfacción de la demanda. Aunque en la practica, este modelo presenta dificultades técnico-conceptuales, ciertamente parece ser uno de los mas prácticos, quizás por ello, es uno de los mas utilizados para la formulación de políticas públicas.

 

 

 

 

A pesar que los gobiernos políticos son elegidos para satisfacer las demandas ciudadanas, no todas las demandas llegan a convertirse en política pública ya que sólo habrá que definir políticas sobre aquellas que por sus características o particularidades frecuentes pueden convertirse en problema de carácter administrativo. Aunque en su sentido más amplio todas las demandas ciudadanas deberían ser satisfechas y con la misma importancia, operativa y políticamente no puede hacerse política sobre todas ellas. Posiblemente una de las razones que pesan en la diferencia tenga que ver con aspectos culturales, históricos y quizás hasta de orden subjetivo. En lo cultural, las formas de valor que adquiere una demanda en cada gobernante es distinta. En lo histórico una demanda puede alcanzar niveles míticos y subjetivos[3]. Para algunos, la decisión de crear políticas sobre determinados problemas tiene que ver precisamente con “hacer política” a la usanza tradicional de la política provinciana del siglo XVIII. Lo cierto es que las sociedades evolucionan, cambian y se transforman y en ello, los grupos humanos se dinamizan y transfieren valores de una generación a otra o en el peor de los casos, los valores se modifican sin alternancia y rompiendo los patrones preestablecidos.

 

Aún con todas las formas o tipos que la Agenda Política adquiera, el siglo XXI impone cambios sustanciales. Se trata de pensar las sociedades en perspectiva, es decir, de forma previsora tratando de establecer un equilibrio entre la sociedad gobernada y la función institucional, dicho de otra manera, las instituciones políticas deben retomar su función y convertirse en algo más que una administradora de los bienes públicos, deben empero, convertirse en la identidad misma de la población. Esto pasa por la identidad primaria entre los trabajadores y la institución en la que laboran, sin identidad institucional no puede alcanzarse la institucionalidad, es decir, la unidad subjetiva ( conciencia ) entre gobernantes y gobernados. En definitiva, la Agenda Política debe ser la más política (futurista) que Administrativa.

 

 

 

 

En simples términos, definir las problemáticas significa asignarlas en sus respectivos lugares de importancia, entenderlas y conocerlas con mayor profundidad. El Salvador se caracteriza por el constante reciclaje de problemas, de hecho, algunos de ellos se presentan con frecuencia y exactitud. Calendario anual de enfermedades, problemas de medioambiente, agua, infraestructura, deficiencia alimenticia, nivel educativo bajo y otros tantos, que ya han dejado de ser problemas para convertirse en patrón cultural asimilado.

 

Definir una Política Pública de previsión tiene el mayor de los sentidos para gobiernos con visión futurista. No cabe duda que ser gobierno se torna relativamente fácil, sin embargo, pensar y hacer gobierno resulta mucho más difícil cuando se trata de formas de gobierno que asumen retos políticos dirigidos al progreso, el desarrollo y el cumplimiento de satisfactores humanos. Como señalamos anteriormente, la previsión política sobre los cambios micros y macros en la población, deben conducir a reorientar la administración institucional, en ello, se crean o reformulan proyectos, programas o áreas que generen el intervínculo entre la institución en su sentido práctico o simbólico ( jurídicas, políticas, humanistas, etc) y la población. A medida que las sociedades alcanzan mayores niveles de complejidad, las demandas ciudadanas aumentan y se diversifican, en tal sentido, la satisfacción de las mismas quedará siempre inconclusa, por ello el sentido de la institucionalidad (expresado en su sistema de cargos) debe predominar sobre el sentido de la necesidad (expresado en las necesidades individuales o colectivas de la población)

La definición de objetivos pasa por la determinación de prioridades. Naturalmente, estos objetivos dependerán de las políticas que se implementen, es decir, a cada política corresponde un objetivo que pude cumplirse a corto o mediano plazo. Debido a los procesos electorales de sucesión de gobiernos, las políticas no dejan de ser temporales o coyunturales, salvo ene l caso de aquellos territorios en donde un partido político asuma su triunfo electoral en periodos largos y continuos, los objetivos a largo plazo pueden cumplirse con mayor precisión y participación ciudadana. Es importante distinguir el significado de Participación Ciudadana y Participación Comunitaria. La primera responde a intereses que unen al grupo eventualmente para satisfacer una necesidad, resuelta la misma, el grupo se desvincula y pierde su sentido de pertenencia. En el segundo caso, se trata de individuos, núcleos familiares o grupos que ven en la integración comunitaria la satisfacción de sus necesidades y su propia identidad, por ello es importante que al definir los objetivos de una política debe hacerse una distinción en lo dicho.

 

 

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