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Pedro Ticas |
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51. ESO QUE LLAMAN EVALUACION DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO: el show holliwoodesco nacional |
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ESO QUE LLAMAN EVALUACION DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO: el show holliwoodesco nacional
Premisas generales
Parece no haber duda que las llamadas “evaluaciones” que se aplican a distintos gobiernos, especialmente latinoamericanos, no son más que la expresión seudosocial de los guiones occidentales al estilo holliwoodesco del entretenimiento, el espectáculo y el show político a ultranza. Evaluar resultados de la Administración Publica en un año, sólo puede ser expresión de la mercadotecnia y la venta suntuosa de imágenes y términos especulativos. Tal es el caso de este país, en el cual se asimila y reproduce fácilmente cualquier cosa que en otras naciones se inventan sin la debida exigencia científica.
En este país, en el momento que hoy nos ocupa, evaluar el trabajo realizado por esta administración implicaría suponer que doce meses de gestión gubernamental transformarán 500 años de historia colonial de esta nación heredera del modelo de estado feudal que se expresa en la organización política, social, económica, ideológica y cultural. Romper y fracturar el diseño de estado nacional colonial en cinco años de gobierno, resulta no sólo imposible sino, además, incongruente con las mismas razones históricas que formaron este país, es decir, pretender transformar una nación en cinco años supondría correr la misma suerte que soviéticos y otras naciones tuvieron al pasar de un estado feudal al modelo socialista de las relaciones sociales. En este marco, en síntesis, evaluar la gestión gubernamental en este momento resulta improcedente, impreciso y de ante mano, descalificativo. Nada hay más propio del espectáculo y comicidad política que dichas evaluaciones.
En sociedades modernas, el asunto de las evaluaciones de la administración pública en cualquiera de sus tipos (ejecutivo, legislativo o judicial) no resulta de la personalización de las acciones que los individuos producen, sino más bien, corresponden al análisis del sistema total al que pertenecen esas esferas de lo público, en tanto su aprobación o reprobación resulta únicamente del nivel de articulación e inserción que esas esferas alcancen con respecto a lo público y lo privado[1]. Sin embargo, aquí y ahora, los mismos síntomas de inmadurez de las instituciones públicas de convertirlas en pequeños feudos o señoríos así como la apropiación simbólica personal de dichas entidades mantienen la vieja escuela deontológica de suponer que las instituciones constituyen y se representan en quienes las dirigen o conducen. Desde el punto de vista de la política, el estado y la estructura de la sociedad no son dos cosas distintas. El estado es la estructura de la sociedad. El estado se funda sobre la contradicción entre la vida pública y la privada, entre el interés general y el interés particular, por lo tanto, la administración debe limitarse a si misma a una esfera de actividad formal porque su poder se acaba allí donde comienza la vida civil[2] y si el estado moderno quisiera terminar con la impotencia de su administración se vería obligado a destruir las condiciones presentes de la vida privada y si quisiera terminar con las condiciones de la vida privada, tendría que poner fin a su propia existencia puesto que su razón de ser esta en relación a los intereses privados[3].
Cuando se analiza el asunto de la Administración Pública tanto en lo municipal como lo nacional, deben articularse múltiples factores que van desde el ejercicio del cumplimiento de las funciones institucionales hasta los de carácter personal, esto es, la construcción simbólica de los individuos que se emplean en dichas instituciones en mérito a su calidad y prestigio profesional y académico o cuando esas personas son empleadas por motivaciones de intercambio económico, compadrazgo o deudas políticas, en cualquiera de estos casos, las mismas instituciones de la administración pública se convierten en obstáculos y antinomias del propio desarrollo del estado debido a que se constituyen en expresión de los estados anímicos, voluntariedades y de poder de quienes las conducen. Desde luego que en este marco, la construcción de las INSTITUCIONES y su INSTITUCIONALIDAD no podrá alcanzarse en ninguna de sus formas y la distancia entre ellas y la población se profundiza y extiende.
Desde hace algún tiempo he señalado la imperiosa necesidad de Reconvertir el Estado Nacional[4]. Esto significa dignificarlo, hacerlo funcional, dinámico, cambiante, transformador y productivo de bienes materiales, intelectuales y naturales, significa en síntesis, humanizar la sociedad. Si la cultura política adoptada por el pueblo constituye una reproducción de la cultura de los grupos de poder, es evidente que las limitaciones en el lenguaje, conducta, organización y otras tantas que se gestan en los grupos populares, constituyen las representaciones simbólicas (en algunos casos contrapuestas) de los mismos grupos de poder nacional. Si el estado se crea para la realización de lo privado, entonces la necesidad de lo colectivo se fundamenta en lo particular y por tanto, como hemos dicho, su institucionalidad debería expresar que “la esencia del estado moderno es que lo universal esté ligado a la plena libertad de sus miembros y a su bienestar privado”[5] de manera que en el mejor sentido critico de la razón, el estado “no es una institución utilitaria dedicada a la tarea ordinaria de suministrar los servicios públicos, administrar justicia, realizar deberes de policía y ajustar los intereses industriales y económicos. Todas estas funciones pertenecen a la sociedad civil. El estado puede sin duda dirigirlas y regularlas de acuerdo con las necesidades, pero él mismo, no las realiza”[6]. Históricamente, el estado nacional ha sido político, no administrativo. La asimilación y continuidad del modelo feudal impuesto por el período Colonial ha provocado que el partidismo político determine e imponga sus propias limitaciones sobre toda la estructura del estado. Precisamente han sido los mismos países industrializados quienes sosteniendo y apoyando dichas conductas al amparo de doctrinas colonialistas del desarrollo unilineal de las sociedades, ahora califican a Latinoamérica como sociedades inmaduras e inexpertas a quienes debe guiarse de la mano (como niños) para mostrarles el camino económico, político, cultural y social que deben seguir desde el modelo occidental, dicho de otra manera, el discurso de los países industrializados sobre la “inmadurez institucional” de los países dependientes no es más que la mejor excusa de su responsabilidad histórica de haberlos convertido en simples administradores de pequeños feudos con visión cortoplacista sin identidad y devenir[7]. En virtud de ello, en materia institucional, el elemento substancial de la institucionalidad aparece a través del estado de conciencia, en este caso, la conciencia no es más que un determinio de la acción, es decir, un proceso traslucido que se forma en la relación entre los individuos y cuya tolerancia de sus disimiles particularidades se unifican por medio de la institucionalidad[8].
Aproximaciones teóricas al modelo político gubernamental.
Ciertamente en El Salvador, todavía impera el peso de la historia y el gobierno ejecutivo apenas se encuentra en la incipiente fase de comprensión y reordenamiento de la vida nacional en todas sus expresiones. Sin embargo, hipotéticamente, en materia del nuevo diseño de estado nacional, tres podrían ser las líneas sobre las que el gobierno podría estar trabajando. Primera, la insistencia política en lograr la funcionabilidad de las instituciones de estado y con ello, la institucionalidad social a partir de la participación ciudadana, Segunda, la estructuración de un estado articulado por la interacción de microunidades productivas tanto material como intelectualmente. Si esta lectura política es correcta, entonces nos enfrentamos a una nueva conformación del estado salvadoreño que finalmente iniciará el abandono de relaciones socioeconómicas y culturales anacrónicas y obsoletas, tanto para el desarrollo social como económico, en tal sentido, no será esta administración ni posiblemente las próximas cinco o diez las que lograrán transformar 500 años de modelo cultural de dependencia y esclavitud, pero quizás, este diseño político sea la premisa oportuna para la apertura de una posible puerta hacia el siglo XXI en el que esta nación se inserte de manera más digna de acuerdo a su propia ubicación en la nueva división internacional del trabajo y finalmente, en Tercer lugar, el surgimiento de pequeñas expresiones de cambio en uno de los componentes tradicionalmente inexorables en este país, es decir, los Partidos Políticos. Ciertamente el modelo de estado nacional ha sido amalgamado por estos partidos quienes al final, han sido absorbidos por el mismo sistema político, deteniendo con ello el progreso y desarrollo nacional, de hecho, “los partidos no son sólo estructuras modernas de dominación, sino que además, corren el riesgo de desaparecer debido a su incoherencia, anacronía, insuficiencia y discapacidad de articularse con la sociedad civil y sus nuevas demandas. Sólo aquellos que rompan sus propios paradigmas lograrán reinsertarse en el mundo globalizado pero substancialmente particularizado”[9]. Hoy, el capital se reorganiza, pero también la sociedad civil emerge con nuevas expresiones de sobrevivencia política que demandan el abandono del sistema de partidos políticos carcomido por la incoherencia del discurso, la norma y su viabilidad social, situación de la que no escapan los partidos políticos salvadoreños que aún no superan sus abruptas, incipientes, inmaduras e improvisadas decisiones de trascendencia política nacional en las cuales, todavía se expresa el modelo político propio de pequeños feudos o señoríos medievales.
Sin duda que reconvertir los partidos políticos implica reconvertir la historia política de este país, sobre todo, porque éstos han sido el instrumento fundamental desde los cuales se ha organizado el estado nacional. Esto supone el predominio de la sociedad política sobre los intereses de la sociedad civil, es decir, la supeditación de las funciones y competencias de todos los servicios del estado en función de las disposiciones políticas que los partidos han diseñado durante más de 100 años, lo cual ha derivado en la predominancia de un estado político sobre un estado administrativo. Al respecto conviene asimilar que en el siglo XXI, el concepto de partido político debe rebasar las formas de organización y funcionamiento heredados de la Colonia y convertirse en OBJETO (instrumentos) de cambio, transformación y representación de los verdaderos SUJETOS políticos e históricos, es decir, los mismos CIUDADANOS. Aunque ciertamente los partidos políticos (dependiendo de la conformación histórica, cultura, proyecto de vida de quienes los conforman) pueden convertirse en INSTITUTOS POLITICOS, no debe confundirse el concepto de INSTITUTO con su INSTITUCIONALIDAD. En definitiva, Reconvertir los Partidos debe comprenderse como la modernización de sus funciones en el estado, pluralidad en su pensamiento, generación de un discurso multicausal y representativo de los símbolos de las pluri-identidades que conforman a los nuevos individuos de este siglo, superación de sus tradicionales plataformas políticas para convertirse en proyectos políticos propios que surgen a partir de las transformaciones constantes de las sociedades actuales que demandan nuevas formas de organización local y nacional.
Solventar las serias e históricas deficiencias político-administrativas del país debe organizarse a partir de la RECONVERSION DEL ESTADO NACIONAL y con ello, la verdadera creación de un PROYECTO DE NACION CONJUNTO Y FUNCIONAL. Esto implica el reordenamiento territorial político-administrativo, la debida explotación y recuperación de los recursos naturales y transformados, la reorganización de las atribuciones políticas de los partidos, capitalización de los recursos humanos, la pertinente y apropiada función, servicios y competencias de las instituciones de gobierno articulada con la organización social. En el mismo sentido regular y reglamentar para el todo social con sus respectivas normativas particulares en el plano civil, político, económico, cultural y social. Finalmente, es importante destacar que para el logro de la debida funcionabilidad del gobierno central se requiere imperativamente el diseño, organización y ejecución del Programa permanente sobre el cual se sostendrán políticamente las políticas públicas impulsadas por el ejecutivo.
[1] Ticas, Pedro, Políticas públicas y gobernabilidad, AMMT, México, 1996. Pág. 44
[2] Fábregas, Andrés, Antropología política, Ed. Prisma, México., 1976. Pág. 31
[4] Ticas, Pedro, La reconversión del estado salvadoreño: un proyecto de nación propio, Co-Latino, 15 /16 de mayo, 2009. Págs. 15 y 20.
[5] Hugh, Reyburn, The Ethical Theory of Hegel: A Study of the la Philosophy of Right, Oxford, 1921. Secc.270
[6] Sabine, George, Historia de la teoría política, Ed. FCE, México, 1970. Pág. 481
[7] Ticas, Pedro, Antropología Política, CCC, México, 1994. Pág. 234
[8] Ticas, Pedro, Educación y Política: Antropología de la comunidad campesina salvadoreña, Co-Latino, 1º. de abril de 2008. Pág. 18
[9] Ticas, Pedro, Antropología política, CCC, México, 1994, Pág. 187
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