El Salvador:
contrapuestos entre gobernanza, autoridad, poder y conocimiento

…..En el mismo sentido de las construcciones epistémicas, metodológicas y técnicas de repensar el concepto de la administración pública conviene también dilucidar sobre las transformaciones teóricas aplicadas a la gobernanza, particularmente en el caso salvadoreño en donde el estado político parece ser simplemente la expresión de subterfugio de las deudas históricas de algunos grupos de poder local, de la injerencia de algunos países industrializados y de un sinnúmero de organismos internacionales que han aprovechado la  precariedad y analfabetismo político-educativo nacional para su propia opulencia.

El sitio que actualmente ocupa la discusión sobre la función de la Administración Pública sitúa a los más amplios y diversos enfoques metodológicos de pensar y construir la definición y el carácter ontológico de la Administración pública más allá de las barreras históricas de apropiación que sobre su función ha ejercido el estado político tradicional. Hoy, lo público infiere y demanda la participación de lo social explicitado en la sociedad civil, en sus nuevas formas de organización y reconformación funcional en los estados llamados modernos, de hecho, hoy en día no puede entenderse el funcionamiento de una nación sin la participación de la ciudadanía que revela nuevas y mayores demandas sobre estos estados en virtud de sus propios derechos consuetudinarios económicos, políticos, culturales y sociales. En ello, desde luego, debe pensarse en las enormes brechas y disparidades de las dolencias y disparidades de las naciones dependientes con respecto de las sociedades industrializadas. Nuevamente, la globalización, la tecnología y la reorganización del capital internacional imponen dinámicas propias de su propia liberación de su compromiso histórico de regular, administrar y ejercer la equidad social. En realidad nos enfrentamos a múltiples formas de vivir y convivir en los estados nacionales. Por una parte el bloque de países con enormes riquezas naturales que debida cuenta de sus propias culturas, historia y formación, no poseen una tradición en la admisión de la pluralidad social. Sobre ellos pesa la enorme circunstancia de adopción de modelos transnacionales que muy poco responden a sus conformaciones, ellos son, quizás, las sociedades más vulnerables del manejo y utilización internacional que bajo la bandera de la “participación ciudadana y el ejercicio de lo público” se convierten en sociedades objeto para la inestabilidad de sus propias naciones y susceptibles del interés de las naciones militarmente poderosas.    

En el mismo sentido de las construcciones epistémicas, metodológicas y técnicas de repensar el concepto de la administración pública conviene también dilucidar sobre las transformaciones teóricas aplicadas a la gobernanza, particularmente en el caso salvadoreño en donde el estado político parece ser simplemente la expresión de subterfugio de las deudas históricas de algunos grupos de poder local, de la injerencia de algunos países industrializados y de un sinnúmero de organismos internacionales que han aprovechado la  precariedad y analfabetismo político-educativo nacional para su propia opulencia. Se trata de un país formateado territorial y políticamente. Un país que no logra convertirse en nación porque las razones de su historia y su propia formación social ha sido construida sobre la ilusión de poseer los elementos propios de un estado de los cuales en realidad, solo ha establecido propensiones absolutistas de la norma, la conducta y el orden, de hecho, este pequeño territorio no logra conformarse un solo concepto de nación ni como proyecto ni como grado tentativo de formación. Las particularidades de su administración gubernamental difieren significativamente en todo el país no por sus singularidades sino porque la inexperiencia, voluntariedad, inmediatez y rechazo al conocimiento teórico, técnico y practico sobre cómo administrar se convierten en el principal obstáculo del desarrollo local. Se gobierna para el momento, se resuelve lo inmediato y se construyen formas de gobierno local y central desprovistos de pensamiento a largo plazo por el cual surge un profundo desprecio y desvalorización, el conocimiento entonces adquiere la condición de subvalor y se impone el practicismo aventurado, especulativo e inmaduro de las instituciones que constituyen el gobierno. Sin duda que dicha conducta se hereda de más de 500 años de colonialismo y esclavitud y desde luego se reproducen las formas, prácticas y concepciones de algunos grupos de poder con profundo pensamiento feudal que aunque no ostenten el poder político real, sus reducidas formas de entender y reproducir el mundo son reproducidas por los demás sectores. 

Así las cosas, la gobernanza salvadoreña y particularmente quienes administran el estado hacen posible la coexistencia de distintos modelos económicos y socioculturales. La concepción del pequeño feudo se reproduce en casi todas las esferas de la vida pública y privada sin entender que lo público constituye una denominación de responsabilidad desde lo cual se construye lo privado y este mismo en lo público. Si tratamos el concepto de gobernanza desde un enfoque hermenéutico quizás podamos resumir que dicho tratamiento metodológico sufre alteraciones constantes, particularmente en este tipo de sociedades mecanicistas, vulnerables y ciertamente inmaduras. Sus alteraciones dependen más de sus permanentes estados lacónicos de percepción y construcción del mundo, es decir que se trata de una sociedad totalmente desinteresada en las definiciones teóricas para la construcción del estado y su gobernanza porque eso contrapone antagónicamente sus aforismos conceptuales y en ello, su propia construcción de vida generada por su pensamiento concreto. Nada puede resultar más provocativo para este pensamiento que la amenaza de pensar la totalidad. Al respecto Boas establecía que "primitivos son aquellos pueblos cuyas actividades están poco diversificadas, cuyas formas de vida son simples y uniformes, y cuya cultura en su contenido y en sus formas es pobre, e intelectualmente inconsecuente"[1] con el propósito de diferenciar el pensamiento concreto producido en sociedades primitivas y el pensamiento abstracto que se produce en sociedades civilizadas. Sobre este punto, también Piaget coincide que el pensamiento concreto tiene su propio momento, estadío o etapa. Así sucede con el desarrollo del pensamiento lógico-concreto en niños de 6 a 12 años, condición que cronológicamente debe transformarse a los 13 años de edad con el surgimiento del pensamiento abstracto con el cual se modifica la relación objeto-sujeto. El niño de 13 años inicia procesos de asociación y comprensiones hipotéticas que le permiten crear una serie de ideas sobre la realidad y las cosas, de manera que su conocimiento ya no depende únicamente de la constatación de los hechos sino de la formulación de los mismos. Precisamente, al respecto del tipo de pensamiento, los países industrializados definen que buena parte de las sociedades latinoamericanas se encuentran en el estadío propio del pensamiento concreto y por tanto deben ser tratadas como niños a quienes debe orientarse, castigar o premiar de acuerdo a sus actos. Esta calificación no es fortuita. En el caso salvadoreño tiene sus orígenes en la conformación de un grupo de poder anacrónico, hacendario y con bajos niveles de cultura. Ciertamente los pueblos reproducen la cultura de los grupos de poder[2], por tanto muy poco puede esperarse del desarrollo de un nuevo pensamiento de buena parte de quienes gobiernan el estado salvadoreño dado que su mismo pensamiento concreto limita las posibilidades de desarrollo de la sociedad obligándola a la eterna condición de esclavitud, dependencia, vulnerabilidad y otros tantos elementos que resultan de una sociedad con bajos niveles educativos, la improductividad y la asimilación de cualquier invención externa.

Sin duda que el asunto de la Administración Pública no es asunto únicamente del estado. La administración comprende el sentido de Ciudadano y en éste, el sentido de la participación ciudadana como una de las nuevas formas de inclusión social y aunque dicha inclusión figura como uno de los mecanismos más acertados para el ejercicio democrático, también surge el riesgo de conferir a la participación ciudadana la responsabilidad social que exceda sus propias funciones. El estado no puede desobligarse de sus propias responsabilidades y atribuir a la sociedad civil corresponsabilidades que por su naturaleza la hacen diferente, sobre todo en un país como éste en el cual la sociedad política decide sobre todo el quehacer de la sociedad, en todo caso, si la corresponsabilidad genera nuevas formas de gobernanza, entonces también la sociedad civil habría de ocupar el lugar que ahora ocupa la sociedad política para decidir y construir su propia hermenéutica de la administración pública, gobernanza, poder y autoridad.

Si la nueva reorganización internacional del capital, el trabajo y las nuevas obligaciones de la sociedad civil demandan transformaciones en la organización social aún en los países dependientes, entonces esto debería significar la transformación misma de las estructuras antiguas y obsoletas de los estados. Tendrían en esencia, que desaparecer los partidos políticos, las instituciones disfuncionales del estado y surgir en consecuencia, nuevas denominaciones de carácter social, étnico y político[3]. Esto sería quizás, lo más cercano al concepto de democracia, justicia y libertad en un estado que demanda obligaciones pero que concede muy pocos derechos reales. Debida cuenta, el ejercicio de los derechos se encuentra íntimamente ligado al ejercicio del poder y la autoridad. El poder esta conferido por la autoridad, sin embargo, no todas las autoridades alcanzan el poder ni todo el poder adquiere autoridad. Sus correlaciones se hallan determinadas por el grupo, es decir, la sociedad misma que media entre el reconocimiento de esos dos elementos o la anulación de los mismos.  En el caso de sociedades desarrolladas emerge un nuevo elemento que da vida a la existencia del poder y la autoridad. Se trata del Conocimiento, esto es, cuanto más educación posee un pueblo, mayor es su nivel de integración, sin esa integración difícilmente puede generarse el poder y la autoridad, ambos dependen del estado de conciencia de la sociedad porque esa conciencia es lo que garantiza la institucionalidad del estado, es decir, el reconocimiento del mismo.

En definitiva, los procesos de ascensión de las sociedades, aun en las más desafortunadas o volátiles como la salvadoreña,  exigen reconformaciones de orden jurídico, social, económico y cultural. Todo indica que el peso sociocultural y económico de las sociedades actuales ha superado por mucho la tradicional estructura de poder de los estados. Ahora los gobiernos dejan de ser un sistema y se convierten en operarios de la administración, sin que ello signifique aceptar una posición reduccionista del estado, debe reconocerse que frente a la incapacidad, desconocimiento y en muchos casos, a la misma ignorancia de algunos funcionarios del estado que repudian el conocimiento y sus derivaciones, la sociedad salvadoreña habrá de transformarse aunque esto le tome otros 500 años.  

En realidad pertenece a los administradores públicos la sostenibilidad, credibilidad y continuidad de los diputados y de todos aquellos que viven de la política. Son los administradores los únicos que garantizan su permanencia o desaparición del escenario político, de manera que si la política depende del quehacer jurídico y técnico-procedimental de quienes gobiernan en las localidades, probablemente dicho sector político se encuentre en serias dificultades, dado que la articulación entre Gobierno Central, Asamblea Legislativa y Gobiernos Locales no es más que de orden personal, subjetivo. Los municipios, pequeños señoríos o feudos de la administración, reproducen sus propias dinámicas, interpretaciones y prácticas. Esto no permite la creación de un proyecto de nación propio, de hecho, ni siquiera interesa. Vivir el día a día y dejarse envolver por los arrebatos, ocurrencias o disposiciones de gobiernos u organismos internacionales se ha convertido en las principales bases de la política nacional. Normas y más normas, leyes y más leyes, cualquier cosa es bienvenida en este país que vive de momentos, de circunstancias, en medio de políticas estatales que navegan en el discurso, la retórica y la invitación constante a que los ciudadanos asuman la responsabilidad de la sociedad política pero que continúen viviendo como sociedad civil con estándares de vida que ya le fueron asignados histórica y actualmente.